Se discute en el Congreso Nacional reservar el carácter
exclusivamente universitario a las carreras de la Salud, específicamente las de
Fonoaudiología,
Kinesiología, Nutrición y Dietética, Obstetricia y Puericultura, Tecnología
Médica y Terapia Ocupacional. Hasta la fecha solamente las de Medicina y
Enfermería dicha exclusividad. Una fuerte discusión se ha entablado, llevando a
la luz pública este debate. Por su parte, las instituciones que dictan estas
carreras y no son universidades se ven enfrentadas a una situación que les
afectará de manera radical: ya no podrán seguir enseñando ni titulando en
ellas.
Aunque a primera vista esta medida pueda parecer importante y necesaria
para el ciudadano común, la discusión tiene aristas que no pueden dejar de
considerarse.
El principal argumento a favor que es exhibido públicamente se apoya básicamente
en la garantía de calidad, dando a entender que por el hecho de ser
universitaria una formación es automáticamente mejor que la no
universitaria.
Por otra parte, en un plano menos visible, ¿qué razones habría para
sostener la necesidad de esta exclusividad? Primeramente, parece que hay una
cuestión de prestigio social: los gremios siempre tenderán a la maximización
del valor social de sus calificaciones, y en nuestro medio la universidad tiene
un prestigio social superior a las otras instituciones formadoras. En segundo
término, es una manera de regular la producción de profesionales, lo que se
logra al disminuir por ley la capacidad de ofrecer las carreras a otras
instituciones formadoras no universitarias. Tercero, podría decirse que también
se trata de regular la admisión y limitar el acceso a estudiantes de bajos
puntajes. Aquí estamos frente a estructuras argumentales de carácter implícito,
no visibles, que señalan que hay otras racionalidades que sustentan este
intento de exclusividad.
En cuanto al primer argumento, de la calidad, los hechos no dan la razón
a este argumento. En muchos países del mundo desarrollado estas carreras, con
excepción de Medicina, pueden ser enseñadas –y lo son– en institutos de
educación superior no universitarios, con buenos resultados en sociedades muy
exigentes en estas materias. Más aún, algunas de ellas se enseñan en menos tiempo
que en nuestro país. Consecuentemente, el argumento de la garantía automática
no parece ser el mejor.
Los gremios, ciertamente, tienen el derecho y el deber de velar por la
calidad de la formación y el valor social de la profesión. Pero el argumento de
la exclusividad no es el mejor si nos remitimos al párrafo anterior: hoy por
hoy el carácter universitario no es garantía. En cuanto al control de la oferta, podría ser interesante si es que se
está pensando en el bien del país y la sociedad, y no en los intereses locales
de la universidad o de sus controladores. Por lo demás, nadie garantiza que las propias universidades no aumentarán la oferta, ya sea aumentando vacantes, abriendo sedes, o creando las carreras cuando no las tienen. Esto es particularmente preocupante teniendo a la vista experiencias de algunas universidades.
El tema realmente crucial es el de calidad. Y la universidad por ser tal
no es garantía. Lo que es garantía tiene que ver con cuestiones que se dan en
algunas universidades, no en todas: investigación básica, aplicada, social de
buena calidad; equipamiento actualizado; docentes de alta calificación y en
número suficiente; un currículum planteado apropiadamente, sustentado en
argumentos éticos, epistemológicos y ónticos, una estructura de acceso a campos
clínicos que permitan una formación en contextos reales. Estas características
se dan en algunas universidades, no en todas.
Consecuentemente, la exclusividad universitaria per se no garantiza
calidad. Son otros los requisitos para mantener una carrera, y eso no tiene que
ver con un “puesto asegurado” en el listado de las profesiones. Por cierto, lo mismo puede
decirse de todas las profesiones que hoy gozan de exclusividad universitaria.
