Las noticias nos sorprendieron con la presentación de una madre que quería matricular a su hijo para el siguiente año escolar y se encuentra con un cobro de $ 400.000 por “anotaciones negativas”. El director del United College explica que eso está en el reglamento y argumenta: “hay algunos papás que le dan un regalo al hijo cuando se porta bien y eso, ¿también esta mal?… Hoy lamentablemente todo es un tema económico”(1), agregando "Todos en este país lucran, yo no puedo vivir en una isla..."(2).
El texto, esto es, la noticia, se presta para varias lecturas. Las posibles líneas de argumentación parecen ser
(a) una noción vaga de lo justo y lo injusto: “no debieran cobrar un recargo de esta índole” (3), señalan algunos padres y madres, sin que en la noticia se desarrolle nada respecto la dimensión pedagógica
(b) la de la formalidad legal: la madre señala (1) que no existe nada en el contrato educativo que lo establezca, a lo cual el director responde que sí está en el contrato desde hace varios años. En otras palabras, la madre habría pagado en silencio la multa, puesto que así está estipulado en la norma pero no quiere hacerlo porque no está en el contrato
(c) la de la industria: el director del establecimiento señala (1) “hoy todo es un tema económico … todos en este país lucran, yo no puedo vivir en una isla”
(d) la de la política: el superintendente de educación, Cristián O’Ryan, señala dos puntos claves. Primero, que no se pueden asociar multas en dinero a medidas disciplinarias, sino que medidas formativas y pedagógicas; segundo, que este cobro podría convertirse en una medida discriminatoria, especialmente sobre quienes no puedan pagar eso y se les restrinja el derecho a la educación”
Cada una de estas argumentaciones es, claramente, sesgada y oculta la falacia que la sustenta, a la vez que olvida definitivamente el propósito de la educación y de la propia misión del establecimiento.
El primer argumento no cuestiona el carácter y sentido de las anotaciones negativas, sino que el recargo que se hace a partir de ellas; los padres no protestan por las “anotaciones” de conductas negativas, como las llama el director del colegio (1), y así podemos entender que se encuentran naturalizadas en la vida y mente de padres y madres. Está bien cobrar, como las multas del tránsito o los recargos por no pagar a tiempo las cuentas.
En cuanto al argumento de la formalidad legal parece razonable lo que señala el director. Dice que hace años que están en eso. Preguntamos ¿por qué sólo ahora esto sale a la luz pública? ¿Será porque ahora tenemos mayor conciencia de nuestros derechos? ¿O será que finalmente nos dimos cuenta que la relación abusador-abusado es intolerable? Una norma generada unilateralmente revela una concepción mercantil en que la que quien no está de acuerdo puede ir a comprar a otro lado. Los padres son sólo consumidores, clientes, único rol que les toca en este modelo educacional.
Lo anterior se asocia con la argumentación desde la industria: hoy todo es tema económico, pontifica a modo de principio sagrado el director del colegio. Todas las relaciones están reguladas, mediadas y significadas por la relación económica de la ganancia o lucro. Y si todos lucran, entonces encuentro justificación en que yo lucre, porque todos lo hacen. Una linda moral de conveniencia.
Finalmente, el argumento político, el más importante de todos, puesto que proviene de quienes sustentan las políticas educativas nacionales. Primero, señala que las medidas disciplinares son más importantes que las multas, por algo estamos en un colegio. Esto parece bien, apropiado, razonable. La falacia subyacente es que da por sentado que la disciplina debe asegurarse mediante ciertas medidas, pero no aclara qué significa la disciplina en un colegio y qué rol cumple ésta en la formación de los estudiantes. Segundo, que el cobro podría ser un factor discriminador porque algunos no podrían pagarlo y así se restringiría su derecho a la educación. También aquí la falacia reside en que para tener educación apropiada uno debe tener una capacidad económica suficiente. Si no hay dinero, entonces el destino es la escuela pública. Se naturalizan las diferencias y se consagra el principio de que lo público es necesariamente de mala calidad. Solamente los que no tienen recursos van a la escuela pública. Olvidó entonces el Sr. Superintendente que la educación es un derecho humano garantizado por la Constitución y que al Estado le corresponde velar porque alcance a todos en condiciones comparables de calidad (¿o me equivoqué de país?).
Si queremos que la educación y, consiguientemente, la escuela sea
· el espacio privilegiado donde la sociedad prepara a sus hijas e hijos para que se desarrollen en el encuentro con los otros, diferentes e iguales a la vez,
· donde puedan ejercer su ciudadanía,
· donde se encuentren con el saber y se llenen de admiración,
· donde puedan soñar y sepan que esos sueños pueden ser realidad
· donde tengan la convicción que ellos y ellas son lo más importante de esta escuela,
· y donde la disciplina tenga que ver más con el despliegue de oportunidad educacionales antes que su reducción a meras instancias de control (pocas veces racional),
entonces, ninguna de las respuestas señaladas es satisfactoria. Todas son parciales y responden a los intereses de cualquier grupo menos del de los estudiantes.
La educación no es un negocio. La educación es un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado. Y si tenemos mala educación (como mala salud, malas pensiones, etc.), es porque el Estado no ha estado haciendo su trabajo.
Referencias
(1)https://www.eldinamo.cl/educacion/2019/12/17/colegio-de-providencia-cobra-400-mil-por-anotaciones-negativas/
(2)https://www.publimetro.cl/cl/social/2019/12/17/colegio-cobro-400-mil-anotaciones-negativas-contigochv-united-college-providencia.html
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(3) https://www.latercera.com/nacional/noticia/superintendencia-investigara-colegio-united-college-cobro-400-mil-anotaciones-negativas-alumno/942815/
