Finalmente la ley de presupuesto para 2012 pasó las barreras, aprobándose la partida correspondiente a educación, para cuya modificación se hicieron tantos esfuerzos de parte de la ciudadanía, en particular de los estudiantes que han llevado adelante un paro de 7 meses de duración. Nadie puede negar el aporte que estos jóvenes han sido para renovar la alicaída vida política de un país que fue el modelo estrella del neoliberalismo y que ahora no halla cómo enfrentar sus crisis.
En el caso de las universidades estatales, nuevamente el aporte basal no se considera y es posible pensar razonablemente, que está condenado a morir. Al menos eso se desprende del discurso oficial sobre el tema. Por cierto, esta situación es grave para las universidades estatales en Santiago o Valparaíso, pero llega a ser trágica para universidades de menor tamaño o situadas en las otras regiones del país, que no tienen una capacidad instalada, que están lejos de los centros densamente poblados, y que además de la crisis financiera y de estudiantes, también están hoy enfrentando crisis financieras importantes.
Una mirada ingenua pensará –no sin razón- que hay aquí una culpa y responsabilidad clarísimas de parte del actual gobierno. Es verdad, sí las hay y la tozudez, indiferencia, negación con que ha actuado el Ministerio de Educación, no pueden dejar de asombrarnos.
Esto no es una novedad. Por el contrario, podríamos llamarlo la “crónica de una muerte anunciada”, la historia de cómo la educación universitaria pública fue desmantelada a través de un programa político iniciado en 1981 por la dictadura, que en nombre de la libertad abre este campo a la iniciativa privada sin medida ni restricción. Una de las claves de esta destrucción está dada por la disminución progresiva del aporte fiscal a sus universidades; incluso la legislación de la dictadura señalaba que el aporte estatal se reduciría hasta al 50% del presupuesto. Algo no funcionó y hoy tenemos aportes que fluctúan entre el 10% y el 14% del presupuesto universitario.
Durante los gobiernos de la concertación muchos esperamos que las cosas cambiarían. Ilusos! Nada cambió, y los cuatro gobiernos de esta derecha maquillada de progresismo se dedicaron con entusiasmo relativo a profundizar la situación, disminuyendo progresivamente los aportes. Tuvieron todas las posibilidades para hacer los cambios. Quizás no hubo mayoría parlamentaria pero había un país movilizado, un país que se estremeció hasta sus bases en 2006 con la “revolución pingüina” que finalmente se diluyó entre las acrobacias y contorsiones de los políticos.
Hoy el gobierno de la derecha sólo está echando las últimas paletadas de tierra, pretendiendo enterrar en vida a una de las instituciones más valoradas y prestigiadas en el mundo, la universidad pública, al negarles a sus propias universidades, un financiamiento basal que asegure su supervivencia como tales.
Todos son culpables: la dictadura, los gobiernos de la concertación, el gobierno actual.
Todos son traidores.
Todos ellos nos han engañado.
Todos ellos cargarán sobre sus espaldas y sus conciencias (?) el haber negado al país una universidad moderna, libre, equitativa, gratuita, de calidad.
Y también nosotros que esperamos en una ingenuidad que casi parece estupidez, que estos próceres cumplieran con su deber de gobernar para toda la sociedad chilena y no únicamente para los grupos de interés que hoy como ayer detentan el poder del dinero. Ese dinero que todo lo compra. Ese dinero que calma las conciencias.
No olvidar nunca, entonces, que los que nos piden nuestro voto cada cierto número de años son los que nos han engañado sistemáticamente, los que se ríen de los pobres, los que rasgan vestiduras pero igual tienen las manos metidas en el negocio.
No más. Nunca más.
