50 Medidas en 100 días – Educación Superior (1)

La presidenta de la República ha señalado 50 medidas a cumplir durante los 100 primeros días de su gobierno. Frente a la educación superior señaló: “Para tener una educación pública de calidad, el Estado tiene que jugársela por las universidades estatales en todo el país. Enviaremos al Congreso el proyecto de ley que crea dos nuevas universidades públicas regionales en Aysén y O’Higgins, las que deberán comprometerse efectivamente con el desarrollo local. ” 

Esta declaración tiene algunas implicancias que podríamos destacar.

Primero que la educación de calidad se garantiza teniendo universidades estatales. Pero el carácter estatal no garantiza la calidad. Esta se resuelve de otras maneras y no sólo por efecto de comparación de las estatales y las privadas. Se requiere una acción específica y explícita del Estado para el aseguramiento de la calidad con estándares elevados que sean aplicables tanto a públicas como privadas.

Tiene razón la Presidenta al declarar que el Estado ha de jugársela por la universidades estatales. Pero eso no se resuelve creando dos nuevas universidades –sin discutir su conveniencia o no. El Estado comenzó a abandonar sus universidades a contar de la reforma de 1981, cuando la dictadura abre el espacio para la proliferación de instituciones privadas, con mínimos requerimientos, y obliga a la universidad estatal a jugar en el terreno de la empresa privada. Se trata ahora de recuperar al menos un porcentaje del financiamiento (la dictadura aseguró el 50% del presupuesto vía financiamiento estatal; la Universidad de Chile recibe alrededor del 15%). El Gobierno de Michelle Bachelet debe hacerse cargo de la sistemática destrucción de la universidad estatal iniciada por la dictadura y continuada por todos los gobiernos posteriores, incluyendo su primer mandato. Si no se asegura el financiamiento, todo lo demás será maquillaje.

La educación superior chilena requiere del Estado también para la generación de estándares y comparabilidades. En efecto, nadie sabe la diferencia entre ser profesor titular en la universidad A o en la B. Para qué hablar de las remuneraciones: al interior de una misma universidad pueden encontrarse diferencias de 300% o más para idénticos jerarquías y contratos, pero de diferentes campos disciplinares.

El compromiso con el desarrollo local es una demanda clara y explícita en la medida propuesta. Nos preguntamos cómo se traducirá ese compromiso: ¿formación profesional, educación continua, investigación básica y aplicada, extensión, participación en la gestión regional? Cualquiera sea ese compromiso, es necesario conocer los recursos con que se contará, y eso no comprende sólo lo referido a instalaciones y equipamiento sino que, principalmente, la dotación de capital humano de alta calificación que a la vez decida instalarse en regiones sin ceder a la tentación centralista.

La universidad estatal no se defenderá solamente por la vía de “educación gratuita” porque esa medida favorecerá a jóvenes y familias, pero para la universidad significará solamente que los ingresos provendrán de otra parte, pero en ningún caso ello implica un aumento en los aportes estatales directos a las universidades públicas.

Es necesario entonces, que se establezcan los acuerdos y compromisos de las universidades públicas con el Estado, definiendo un “Nuevo Trato” como ha insistido hasta el cansancio el Rector de la Universidad de Chile.

Las escuelas no son fábricas de salchichas.

El título de este blog hace referencia a una expresión del recién estrenado Ministro de Educación del Gobierno de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre.  En reunión con el Colegio de Profesores señaló que “cerrar colegios no es como cerrar una fábrica de salchichas". Entendiendo que el ministro quiso enfatizar el carácter social y político de la escuela antes que las ganancias (o ahorros) que produzca, parece un buen punto de partida para examinar algunos de los desafíos que se le presentan al nuevo gobierno.

Primero, si los colegios no son fábricas, entonces ¿por qué tenemos una propuesta formativa estandarizada, con exámenes estandarizados (SIMCE, PSU), con profesores examinados estandarizadamente (Prueba INICIA)? El criterio de la estandarización es completamente válido para una fábrica de salchichas, pero no para la escuela. Los porfiados hechos  vienen a apoyar este primer comentario: sabemos que en Chile la educación es desigual no sólo porque la sociedad es desigual (profundamente desigual), sino porque las escuelas están diseñadas para producir y re–producir esa desigualdad. Consecuentemente, hay al menos dos tipos de escuela: aquella que promueve una formación con códigos ampliados, saberes en profundidad,  sentido del mundo y propuesta de amplios horizontes, y aquella que enfatiza una formación sobre códigos restringidos, delimitaciones fuertes, saberes de superficie, horizontes estrechos. La estandarización vale para un solo segmento.

Segundo, la propia idea de cerrar una escuela es ponerse en la lógica de la fábrica de salchichas. Cabría preguntar al Sr. Ministro cuáles serían los criterios que para este gobierno justificarían el cierre de una escuela. Hasta ahora el más importante es el financiero: no tienen estudiantes, ergo no alcanza la subvención estatal, entonces se cierra. Y los escasos estudiantes que quedan son trasladados o se fusiona la escuela con otra que tiene por ahora mejores posibilidades de supervivencia. Ese es un criterio de fábrica de salchichas. Pero se olvida que el solo hecho de pensar en trasladar una escuela implica concebirla como una instalación relativamente independiente de su contexto. ¿Que los niños y niñas tendrán que desplazarse un poco más para llegar a la escuela? Eso no es novedad: hay quienes atraviesan toda la ciudad para ir a aquella escuela en que fueron matriculados por sus padres. ¿Que los padres y comunidad no tendrán ya participación en la escuela? Pero si nunca la han tenido, no son actores en el teatro de la educación, sólo espectadores. Entonces da lo mismo: también deberán moverse un poco más para las consabidas reuniones mensuales para sólo escuchar y nunca proponer. Mejor no hablar del impacto sobre los profesores: es parte de su ADN el ser manipulados desconsideradamente por la autoridad. En otras palabras, ninguno de estos es un factor de importancia.

Tercero, al parecer todas estas decisiones pueden tomarse a nivel de gerencia (de fábricas de salchichas, por cierto). Pero también se discuten a nivel de dirigencias (ministerio, colegio de profesores, asociación de municipios). ¿Dónde están los interesados? Cuando los padres quisieron hacer un proyecto propio para “salvar” la Escuela República Dominicana, fueron desalojados violentamente por órdenes del alcalde de la comuna de La Florida (www.lanacion.cl, 19-12-2013). Según la Constitución de la dictadura (que destruye el principio del Estado docente)  los padres tienen el derecho preferente y el deber de decidir en torno la educación de sus hijos, pero las prácticas indican que esa declaración es una farsa. Estos padres no pueden decidir por el tipo de educación para sus hijos; solamente pueden elegir como eligen en el supermercado. Por cierto, hay supermercados para pobres.