50 Medidas en 100 días – Educación Superior (1)

La presidenta de la República ha señalado 50 medidas a cumplir durante los 100 primeros días de su gobierno. Frente a la educación superior señaló: “Para tener una educación pública de calidad, el Estado tiene que jugársela por las universidades estatales en todo el país. Enviaremos al Congreso el proyecto de ley que crea dos nuevas universidades públicas regionales en Aysén y O’Higgins, las que deberán comprometerse efectivamente con el desarrollo local. ” 

Esta declaración tiene algunas implicancias que podríamos destacar.

Primero que la educación de calidad se garantiza teniendo universidades estatales. Pero el carácter estatal no garantiza la calidad. Esta se resuelve de otras maneras y no sólo por efecto de comparación de las estatales y las privadas. Se requiere una acción específica y explícita del Estado para el aseguramiento de la calidad con estándares elevados que sean aplicables tanto a públicas como privadas.

Tiene razón la Presidenta al declarar que el Estado ha de jugársela por la universidades estatales. Pero eso no se resuelve creando dos nuevas universidades –sin discutir su conveniencia o no. El Estado comenzó a abandonar sus universidades a contar de la reforma de 1981, cuando la dictadura abre el espacio para la proliferación de instituciones privadas, con mínimos requerimientos, y obliga a la universidad estatal a jugar en el terreno de la empresa privada. Se trata ahora de recuperar al menos un porcentaje del financiamiento (la dictadura aseguró el 50% del presupuesto vía financiamiento estatal; la Universidad de Chile recibe alrededor del 15%). El Gobierno de Michelle Bachelet debe hacerse cargo de la sistemática destrucción de la universidad estatal iniciada por la dictadura y continuada por todos los gobiernos posteriores, incluyendo su primer mandato. Si no se asegura el financiamiento, todo lo demás será maquillaje.

La educación superior chilena requiere del Estado también para la generación de estándares y comparabilidades. En efecto, nadie sabe la diferencia entre ser profesor titular en la universidad A o en la B. Para qué hablar de las remuneraciones: al interior de una misma universidad pueden encontrarse diferencias de 300% o más para idénticos jerarquías y contratos, pero de diferentes campos disciplinares.

El compromiso con el desarrollo local es una demanda clara y explícita en la medida propuesta. Nos preguntamos cómo se traducirá ese compromiso: ¿formación profesional, educación continua, investigación básica y aplicada, extensión, participación en la gestión regional? Cualquiera sea ese compromiso, es necesario conocer los recursos con que se contará, y eso no comprende sólo lo referido a instalaciones y equipamiento sino que, principalmente, la dotación de capital humano de alta calificación que a la vez decida instalarse en regiones sin ceder a la tentación centralista.

La universidad estatal no se defenderá solamente por la vía de “educación gratuita” porque esa medida favorecerá a jóvenes y familias, pero para la universidad significará solamente que los ingresos provendrán de otra parte, pero en ningún caso ello implica un aumento en los aportes estatales directos a las universidades públicas.

Es necesario entonces, que se establezcan los acuerdos y compromisos de las universidades públicas con el Estado, definiendo un “Nuevo Trato” como ha insistido hasta el cansancio el Rector de la Universidad de Chile.