De lo público en la educación pública.

La demanda por educación pública, gratuita y de calidad que los estudiantes y el país han comenzado a exigir de manera explícita y masiva desde 2011 se ha visto relevada por una propuesta gubernamental de educación pública gratuita. Ante ello resurgen las demandas de algunas universidades privadas para ser consideradas. Sus principales argumentos residen en que tienen una vocación pública, que hay una tradición en ello, que reciben recursos del Estado.

Sin embargo, la literatura mundial sobre educación superior deja muy en claro que educación pública es sinónimo de estatal. En otras palabras, solo ameritan ser calificadas como universidades públicas las universidades estatales, es decir, aquellas que son propiedad del Estado y son financiadas por éste, con recursos públicos, para el servicio de la sociedad.

Ante los argumentos que intentan relativizar lo público haciéndolo también función de la iniciativa privada, es claro que si una institución es privada entonces no es propiedad del Estado; por consiguiente, no puede ser considerada pública. Por cierto, las universidades privadas y en general las instituciones educativas privadas prestan un servicio público. También ese argumento puede ser esgrimido por los bancos, los supermercados, los agricultores; pero ello no los transforma en entidades públicas.

Efectivamente hay una tradición en Chile de financiamiento estatal de instituciones privadas, lo que –más allá de la honorabilidad de esas universidades– constituye una contradicción: se entregan dineros públicos cuyo uso no es supervisado por la Contraloría General de la República: lo público se transforma en privado. Por el contrario, los dineros privados que ingresan a la universidad pública son afectos al control: aquí los ingresos de origen privado son tratados como públicos, puesto que la norma de probidad y responsabilidad así lo requiere.

Pero hay más: las universidades públicas –es decir, estatales– tienen obligaciones que le vienen por esa propia naturaleza, de las que no son menores las relacionadas con pensar al país, contribuyendo activa y significativamente a las políticas públicas nacionales; ocuparse de aquellos problemas que son de interés  nacional; promover los valores republicanos de tolerancia, pluralismo, sentido de lo público, responsabilidad social ciudadana. Entonces, que los señores rectores de las universidades privadas no insistan en esta idea de hacer que lo privado sea público. Son privadas cuyo dueño no es el Estado. Eso es.

Todo esto requiere una triple articulación: del Estado que responda a las necesidades financieras de sus universidades; de la sociedad que confíe que las universidades públicas son un aporte para su desarrollo; de las universidades públicas que respondan a las demandas y expectativas de ambos.

Quedan muchas preguntas acerca de todo ello, aparte de las específicas relacionadas con las cuestiones propiamente técnicas del financiamiento. Entre ellas, ¿qué universidad pública requiere el país mirando al futuro que quiere construir? ¿cómo se concilian la dependencia financiera con la necesaria libertad de la academia? ¿cómo y bajo qué respectos se articulará la universidad pública con el aparato estatal y las políticas públicas? ¿cómo se resguardará la existencia de la educación privada sin que ello implique desmedro o deterioro de la educación pública como hasta ahora?

Estas y más preguntas deben ser respondidas no sólo por la autoridad y el mundo de la política sino que por todos los ciudadanos y, particularmente, por quienes nos desempeñamos en el mundo de la educación, pública como privada.