EL MUNDO AL REVES. DE CÓMO EN CHILE SE PROMUEVE LA EMPRESA PÚBLICA

En esta copia feliz del Edén hemos hecho un descubrimiento que ningún país, hasta donde se sabe, había realizado. Fundamentalmente se trata que lo privado ahora es público. En efecto, ya no hay distinción entre universidades públicas y privadas. Las universidades privadas también son públicas, puesto que prestan un servicio público. No porque su dueño sea el Estado, es decir, la sociedad chilena; eso no tiene nada que ver. Es la “vocación de mercado” lo que hace que algo sea público o no.
De esta manera la Universidad del Ratón Miguelito, que es privada pero presta un servicio público, es tan pública como la Universidad de Chile o la de Santiago o la de Talca o la de La Frontera. De aquí se pueden desprender importantes conclusiones que debieran ser tenidas en cuenta por todos.
Primero, si las universidades privadas cumplen el rol público, entonces ¿qué sentido tiene que existan universidades que se denominan públicas sólo porque su dueño es el Estado? Porque lo público o privado no está definido por la propiedad sino por la vocación. Privaticemos las universidades del Estado y ahora tendremos sólo universidades públicas (de propiedad privada, por cierto).
Segundo, si las universidades privadas (es decir, las reales universidades públicas) cumplen ese rol, entonces no habría necesidad de hacer discriminaciones odiosas en materia de financiamiento: todos deberían recibir su parte. ¿Y la Orquesta Sinfónica Nacional? Que vendan entradas, así se autofinancian los grupos artísticos. ¿Y el Servicio de Sismología? Que vendan información, por ejemplo a las constructoras y se financian. ¿Y la filosofía y las humanidades? En este caso específico… ¿qué es eso? De aquí se deriva la tercera conclusión.
Tercero: si algo no tiene valor de mercado, es decir, no se enmarca en el servicio público, entonces no vale conservarlo. Eso sí tendría un carácter netamente privado. Cualquier ciudadano puede estudiar filosofía o leer a los clásicos: es una cuestión completamente “privada”, es decir, personal. Claro que si hay un grupo dispuesto a pagar por ello, entonces surge el servicio público y todo se arregla, todo logra su equilibrio, todo está bien.
Cuarto, si el criterio articulador de todo es el de “sentido de servicio público”, entonces podríamos expandirlo al mundo de la salud: ¿para qué el servicio de salud pública si todos los servicios son públicos? Dejemos estos léxicos ambivalentes y transformemos todo en público.
Que se privatice la propiedad, mientras no se privatice la misión, ésa es la regla. Claro está que bajo este predicamento prácticamente toda la actividad económica es de carácter público: los supermercados prestan un servicio público, los guardias azules de los bancos al igual que la policía, las farmacias que están en cada esquina al igual que la farmacia del policlínico, las escuelas pagadas al igual que las sostenidas por el Estado.
En resumidas cuentas, los chilenos hemos logrado lo que ninguna de las revoluciones comunistas o socialistas han logrado hasta la fecha: tener un sistema completamente público, donde todos los ciudadanos tienen derecho a los servicios sin restricción alguna.
Claro que hay un par de cosas que dan sombra a nuestra copia feliz del Edén. Una de ellas, es que hay que pagar. Olvídense de la gratuidad. Si no pagas no hay servicio. Pero es un detalle. En general vivimos en el mejor de los mundos posibles.

CONFLICTO DE INTERESES

Julio 02 de 2010

Hay que ser claros y honestos: Piñera no inventó el conflicto de intereses. Lo que sí es un invento -suyo o de sus asesores- es "no sentir" conflicto de intereses.
El conflicto de intereses está presente en la tradición y normativa chilenas desde hace mucho. Se han dado avances en el tiempo; uno de los últimos aportes es el de la ley de transparencia. Las altas autoridades deben hacer declaración de sus bienes. Tampoco se permite que un matrimonio trabaje en el mismo servicio en relaciones de autoridad: se produce un conflicto de intereses. Y lo que es válido para el menor y más modesto de los servidores públicos, ciertamente y con mayor razón debe serlo para la más alta investidura nacional.
El conflicto de intereses no es una cuestión personal, de conciencia o sentido de responsabilidad. Se trata de un hecho objetivo: una persona que tiene intereses (especialmente económicos pero pueden ser otros: familiares, gremiales) se considera inhibida para tomar decisiones que eventualmente podrían afectar dichos intereses. Un presidente dueño de un canal de televisión no es libre para tomar decisiones en ese campo (designar miembros del Consejo Nacional de TV, decisiones sobre asignación del espectro electromagnético). Un presidente dueño de un club deportivo no es libre para decidir en el ámbito del deporte, especialmente en el fútbol (el Presidente es uno de los dueños del club Colo-Colo; pero también es el presidente de la república).
¿Se trata entonces que el presidente -el actual o cualquier otro- deba vender y liquidar todas sus acciones y participaciones en cualquier tipo de sociedad o empresa? No es necesariamente el caso, si bien es lo que más confianza daría al ciudadano común. En otros países hay formas de enfrentar y resolver estos conflictos -como el fideicomiso ciego- las que deberían ser estudiadas como alternativas a la simple venta de los bienes.
Cometió un error la vocera del gobierno cuando afirmó que el presidente no siente conflicto de intereses. Es muy posible que no tenga conflictos internos, su conciencia puede estar tranquila porque no ve que dichos conflictos existan. Una conciencia en paz. Después de todo vivimos en esta "copia feliz del Edén" que, desgraciadamente, es sólo un mito o, en el mejor de los casos, una figura literaria.
El tema del conflicto de intereses, como se señaló, es una cuestión objetiva más que un sentimiento personal.
Y lo que se afirma del presidente podría extenderse, por ejemplo, a parlamentarios y ministros y preguntar ¿cuántos de ellos son dueños o directores de universidades privadas -el gran negocio de la educación superior? ¿cuántos de estos próceres son dueños o tienen intereses en las clínicas privadas, en las Isapres -el gran negocio de la salud? ¿cuántos en el mundo del transporte, del medio ambiente?
El conflicto de intereses no es sólo un tema presidencial -aunque es lo que está en la discusión actual. Es algo que afecta y debe interesar a todos los ciudadanos.